Politólogo Melvyn Pérez afirma Bernardo Vega violó ley con uso de padrón electoral en encuesta Mark Penn

Por Alfonso Caraballo

Según el politólogo Melvyn Pérez, Bernardo Vega violó la ley que protege los datos personales de los dominicanos al usar el padrón electoral y proporcionarlo a terceros en favor de la firma encuestadora internacional Mark Penn Stagwell.

La publicación de los resultados de la firma levantó una marejada de cuestionamientos entre líderes políticos, politólogos y comunicadores a los que ahora se le suma el de la legalidad del uso del padrón de electores de la República Dominicana en la realización de encuestas.

Uno de los reparos más frecuentes era sobre la confiabilidad o no del método de entrevista vía telefónica, inusual en estudios de este tipo en el país.

Frente a la avalancha de críticas el representante local de la firma Mark Penn Stagwell se apresuró a justificar el procedimiento, argumentando que para el mismo empleó como base de datos el padrón electoral, que le habría proporcionado la Junta Central Electoral (JCE).

«Los americanos de Mark Penn me preguntaron si las compañías de teléfonos nos podían suplir los números de teléfonos en los 20, 25 lugares donde se iban a hacer las preguntas, los puntos muestrales, pero más importante, me preguntaron si el padrón electoral era un documento público, le dije que sí y se lo conseguí», afirmó Bernardo Vega al presentar los datos de la firma.

El análisis legal

Es justo en este punto que entra al debate el politólogo dominicano Melvyn Pérez y plantea que de ser cierta la versión de Bernardo Vega la Junta Central Electoral y probablemente varias compañías telefónicas que operan en República Dominicana habrían infringido la Ley No. 172-13 que tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos y otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean estos

públicos o privados.

«Según Bernardo , Mark Penn cruzó el padrón con los números de teléfono de las compañías telefónicas. Para poder “confirmar” las telefónicas debieron proveer los demás datos (aparte del número de teléfono). Eso implica que las telefónicas también violaron Ley 172-13», puntualizó el politólogo.

Pero además, Bernardo Vega involucró en sus declaraciones al Sistema Único de Beneficiarios y a la Administradora de Subsidios Sociales al informar que «ellos allá en Washington (…) están convencidos de que los teléfonos que tienen, no tienen nada que ver con la tarjeta Solidaridad ni nada de eso».

La candidata vicepresidencial de la Fuerza del Pueblo, Sergia Elena Mejía de Seligman, reclamó a la Junta Central electoral que aclarara el supuesto uso dado por la firma Mark Penn al padrón de electores.

«La Junta Central Electoral debe aclararle al país por qué la firma encuestadora Mark Penn anuncia que realiza una encuesta telefónica y en su ficha técnica pone que son 20 mil teléfonos salieron del padrón electoral. Los partidos políticos tenemos años solicitando a la Junta Central Electoral que se nos entregue el padrón con los números de teléfono y con las direcciones de los electores para nosotros hacer nuestras encuestas telefónicas, para enviarles mensajes a nuestros electores, para enviarles cartas, sin embargo, se nos ha informado que eso está prohibido porque hay que preservar la privacidad de los ciudadanos».

Al respecto, el también analista político Melvin Pérez afirmó que «El padrón electoral no es un documento público, como dice Bernardo Vega que le dijo a "los americanos de Mark Penn". Entiendo que la @juntacentral  debe tener una palabra en esto, así como el Ministerio Público. Encuestas no están excluidas en artículo 4 de la Ley 172-13».

El artículo 14 de la Ley 172-13 define como fuentes accesibles al público «Aquellos archivos de datos personales cuya consulta puede ser realizada por cualquier persona, no impedida por una norma limitativa. Tienen la consideración de fuentes de acceso público los repertorios telefónicos en los términos previstos por su normativa específica y las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales que contengan únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección e indicación de su pertenencia al grupo. Asimismo, tienen el carácter de fuentes de acceso público, boletines oficiales y los medios de comunicación».

Pérez puntualiza que «Además Bernardo Vega indica que Mark Penn descartó los beneficiarios de la tarjeta Solidaridad. Eso indica que tendrían acceso a los datos personales de @SiubenRD  y @AdessRD  que tampoco son públicos. ¿Cómo obtuvieron esos datos sin violar la ley?»

La Junta Central Electoral desmiente a Bernardo Vega

De inmediato la Junta Central Electoral desmintió que entregará información protegida mediante una «aclaración» en la que informa que «(…) la JCE no entrega a terceros datos telefónicos de ciudadanos, en virtud de las disposiciones constitucionales y legales de protección de datos personales».

«En caso de que @SiubenRD y @AdessRD no hayan entregado esa información a Bernardo Vega y Mark Penn, entonces hay un posible delito de alta tecnología, Ley 53-07, por lo que el @DICATPN podría tener una opinión al respecto», afirma el politólogo.

Aclaraciones pendientes

Son varias las instituciones del Estado dominicano que estarían involucradas, según las declaraciones públicas de Bernardo Vega, en la violación de la ley 172-13 al suministrar información protegida perteneciente a unos 7,412,735 ciudadanos dominicanos a los que se le habrían vulnerado los derechos a la privacidad de sus datos personales en beneficio de una compañía extranjera.

Las instituciones que tendrían que aclarar si suministraron o no infamación protegida está el Sistema Único de Beneficiarios y la Administradora de Subsidios Sociales. Ambas dependencias funcionan bajo la responsabilidad directa de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, compañera de boleta del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo.

Melvyn Pérez no cree que instituciones le hayan suministrado datos a Bernardo Vega

El politólogo Melvyn Pérez dice no creer que las informaciones personales contenidas en el padrón electoral y en las bases de datos de las instituciones de combate a la pobreza fueran suministradas a Bernardo Vega por las instituciones gubernamentales:

«En caso de que @SiubenRD  y @AdessRD  les hayan proporcionado la base de datos a una encuestadora, es un delito muy grave, pues se trata del uso político de información personal proveniente de la administración gubernamental. No creo que haya sido así».

¿Se puede usar el padrón electoral para hacer encuestas?

Para el politólogo dominicano no es posible usar el padrón electoral de la República Dominicana sin solicitar la autorización directa y personal a cada uno de los más de siete millones de electores que lo integran.

El intelectual basa si afirmación en el numeral 4 del artículo 3 de la Ley 172-13 que indica que «si alguien va a usar mis datos personales debe informarme primero. Es por ello que los bancos te hacen firmar un consentimiento para acceder a tus datos en el buró de crédito cuando abres una cuenta. Esto es grave», puntualizó.

Múltiples violaciones de Bernardo Vega

Pero Según el análisis del politólogo y analista político las alegadas infracciones cometidas por Bernardo Vega van más allá del confesado uso ilegal del padrón de electores. Además de eso, también transgredió la Ley 172-13, en su artículo 5, al proporcionar a terceros información protegida, a menos que se trate de una autoridad competente.

Melvyn Perez emitió sus opiniones a traves de su cuenta de Twitter @melvynperez.